El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, fue detenido ayer preventivamente por la juez Primero de Instrucción Anticorrupción, en el penal de San Pedro de La Paz por el caso de la compra de “alimentos con sobreprecio” para la Policía Boliviana de la empresa Foods Company.
Si bien es prematuro decir cuáles serán los efectos de la detención del titular aviador en la administración del club, también es cierto que, la dirigencia reaccionó con sorpresa y sobre todo incertidumbre. La primera medida que se anunció desde la casa roja, es convocar a una reunión de directorio de emergencia, cuyos resultados y análisis se harán conocer hoy de manera oficial.
Lo primero que debe hacer el club es pensar en sus compromisos ligueros y específicamente en el del fin de semana, según explicó el presidente de la Comisión Técnica de Wilstermann, Ronald Rodríguez.
“Es una desagradable sorpresa. El directorio sigue trabajando de cara al partido del fin de semana contra Nacional Potosí”, aseguró el dirigente.
La detención en San Pedro, también se ordenó para el otro ejecutivo de la empresa de alimentos Foods Company, Carlos Marcelo Getty Sanjinés.
La fiscal Lilian Calderón dijo que la juez ha dispuesto la detención preventiva de los imputados, por los delitos de uso de instrumento falsificado y contratos lesivos al Estado. Además, porque en la audiencia cautelar no pudieron desvirtuar el peligro de obstaculización en el proceso de investigación.
Entre tanto, el abogado de los detenidos, René Galindo, expresó su molestia por la determinación asumida e informó que ya presentaron la apelación al fallo judicial.
“La juez ha referido que en libertad podrían obstaculizar la investigación, cuando existen medidas sustitutivas que perfectamente podrían garantizar esa situación, (...) no estamos de acuerdo con esta decisión que a criterio nuestro es ilegal”, aseveró.
La jueza Cinthia Delgadillo ordenó el pasado 6 de agosto la detención domiciliaria para el excomandante de la Policía Boliviana, Gral. Luis Cerruto, arraigo y el pago de una fianza de 80 mil bolivianos. Está acusado de firmar un contrato de compra ilegal de víveres para la Policía con supuesto sobreprecio. La investigación que lleva adelante la Fiscalía apunta al general Hugo Baldivieso, exdirector nacional administrativo de la Policía, como el "cerebro” de la operación.
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